El decreto-ley de medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 aprobado ayer no sólo tiene incidencia sobre el parque público de vivienda de entidades locales y comunidades autónomas, al obligarles a adoptar medidas favorables a los inquilinos afectados económicamente por el confinamiento, sino que incide también en aspectos que son ejecutados por las comunidades autónomas. Es,por ejemplo, el caso del programa de fomento del parque de vivienda en alquiler, que amplía los casos a los que destinar esas ayudas y que flexibiliza las transferencias de fondos del Plan estatal de Vivienda, entre otras medidas.
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