En el corto periodo de un año y medio entre la entrada en vigor de la ley del Parlament de Cataluña que permitía a los ayuntamientos con precios tensionados establecer mecanismos de control de los alquileres y la sentencia del Constitucional que echó para atrás la norma, un nuevo estudio asegura que se redujeron ligeramente los precios allí donde se aplicó. También aumentaron de forma notable los contratos, contrariamente a los augurios de quienes anunciaron una caída abrupta del mercado por la aplicación de la ley.
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