Un juez de lo contencioso-administrativo ha anulado totalmente la resolución del gerente del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) por la que en 2015 acordó la enajenación por 211 millones de euros de 32 promociones públicas de alquiler (2.935 viviendas) a un fondo. La adjudicación queda sin efecto y es fruto del recurso presentado por un inquilino. La sentencia, que ofrece en su integridad La Revista de la Vivienda Protegida, condena, además, a costas a la Comunidad de Madrid y al fondo.
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