El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del Gobierno contra varios preceptos y disposiciones del Decreto-ley 3/2015, de 15 de diciembre, del Gobierno de Aragón, de medidas urgentes de emergencia social en materia de prestaciones económicas de carácter social, pobreza energética y acceso a la vivienda. Las disposiciones recurridas y ahora en suspenso afectan, entre otros apartados, a la prohibición de embargo para las prestaciones sociales, la paralización de desahucios para personas vulnerables o la obligatoriedad a las entidades financieras de ceder las viviendas desocupadas.
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