El Tribunal Constitucional considera constitucional el apartado de una disposición adicional de la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas de Aragón que exigía la conformidad del Ministerio de Fomento para obtener una ayuda directa a la entrada para adquirir una vivienda protegida. La Revista de la Vivienda Protegida ofrece la sentencia en su integridad.
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