South facade of the Spanish Supreme Court's seat, in Centro district in Madrid. Building from 1758.
El Tribunal Supremo ha sentenciado que no ha lugar el recurso de la Junta de Andalucía contra una sentencia que le obligaba a abonar a un ayuntamiento el 87% del costo de obras de urbanización en una actuación protegida a costa del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007. La Junta señalaba que había habido un retraso en la justificación del gasto y se negaba a pagar lo comprometido.
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