El Tribunal Supremo ha sentenciado que no ha lugar el recurso de la Junta de Andalucía contra una sentencia que le obligaba a abonar a un ayuntamiento el 87% del costo de obras de urbanización en una actuación protegida a costa del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007. La Junta señalaba que había habido un retraso en la justificación del gasto y se negaba a pagar lo comprometido.
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