Los Países Bajos han aprobado una ley que busca favorecer el acceso a la vivienda libre a familias con ingresos inferiores a la media. Los ayuntamientos pueden obligar a los propietarios de viviendas que cuesten menos de 355.000 euros a venderselas a familias con menos recursos, evitando que ese mercado sea copado, como ocurre ahora, por familias más pudientes. La nueva ley de vivienda permite, además, asignar la mitad de las viviendas de alquiler social a personas con vínculos locales o con una profesión vital: sanitarios, educadores, policías y, tras una enmienda, militares.
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