El control de la ocupación de las viviendas protegidas, que se realiza por el Departamento de Derechos Sociales en colaboración con la Policía Foral, se centrará en 2017 y 2018 en las viviendas adjudicadas en los años 2013 y 2014. Así lo contempla el V Plan de control de inspección en materia de vivienda, que busca garantizar que las VPO se destinen a su principal fin social, es decir, que estén efectivamente ocupadas y sean residencia habitual permanente.
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