Han pasado tres años largos desde que en septiembre de 2018 el presidente del Gobierno anunciara la puesta en marcha de una ley estatal de vivienda. Durante este tiempo el tema ha sido motivo de discusiones bizantinas entre los dos socios de gobierno. Y, una vez, consensuado un texto y elevado al Congreso, no parece que tenga visos de aprobarse ante la falta de apoyos por parte de los partidos nacionalistas que lo consideran un ataque a las competencias autonómicas en la materia.
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