La mitad de los jóvenes británicos que acudieron a su ayuntamiento en busca de ayuda para poder alojarse recibieron una negativa por respuesta. La Ley de Reducción de Personas sin Hogar (HRA, por sus siglas en inglés) obliga a los ayuntamientos a ofrecer una solución habitacional a quien la reclama, pero la falta de recursos de los municipios ha hecho que esta norma de facto no funcione.
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