Los municipios en los que se da una mayor dificultad de acceso a la vivienda y que actualmente acogen el 83% de la población de Cataluña tendrán un plazo de 20 años para que el parque de vivienda disponga al menos de un 10,3% de alquiler social. La iniciativa va en línea con lo aprobado hace ya en el año 2000 en Francia y que obliga a los ayuntamientos a dotarse de un porcentaje de vivienda en alquiler social y en caso de que sea insuficiente alojar a los demandantes en una vivienda privada y pagar la diferencia entre lo que cuesta ese alquiler privado y un alquiler público.
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