La consejera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda de la Generalitat de Cataluña, Meritxell Borràs, ha mantenido una reunión de trabajo con la alcaldesa de Badalona, Dolors Sabater, en la que han acordado que el Departamento de Gobernación asesorará al consistorio badalonés para activar la Mesa local de valoración para la adjudicación de viviendas para emergencias socials. “El Ayuntamiento tendrá el Govern y la Agencia de la Vivienda de Cataluña a su lado para impulsar su Mesa de emergencias, de modo que los entes locales y el Govern actúen coordinadamente en este ámbito”, ha declarado Meritxell Borràs, que ha recordado que una de les prioridades del Govern es garantizar el derecho a la vivienda y resolver las emergencias sociales relacionadas con este ámbito.
En esta línea, la consejera ha informado que “Gobernación ha enviado una carta a todos los grandes tenedores de vivienda para hacerles saber de la existencia de muchas viviendas vacías en sus manos en Badalona y que la legislación les obliga a hacer cesiones para dar respuesta a las necesidades de vivienda social en la ciudad”. A esta reunión de trabajo ha asistido también el director de la Agencia de a Vivienda de Cataluñaa, Jaume Fornt, así como diversos ediles del ayuntamiento de Badalona.
Borràs y Sabater han consensuado la incorporación a la Mesa municipal de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, que participará activamente en sus reuniones y aportará viviendas del parque público gestionadas por la Generalitat o bien adquiridas para mejorar el derecho de tanteo y retracto sobre ejecuciones hipotecarias de entidades financieras. También han acordado que, en caso de no disponer de más viviendas para cubrir las necesidades urgentes evaluadas en la Mesa de emergencias local, Gobernación y el Ayuntamiento de Badalona colaborarán para captar viviendas del parque privado y facilitar a las familias que lo necesiten un realojamiento adecuado.
En el ámbito de la vivienda, las dos instituciones se coordinarán en el análisis de los casos de mayor riesgo de exclusión residencial detectados por los servicios sociales municipales, con la finalidad de incorporarlos a la Mesa de emergencias y resolverlos en un tiempo máximo de nueve meses.
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