La Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, ha fijado unos nuevos criterios de adjudicación para normalizar y regularizar, a través del alquiler, la situación de los residentes de viviendas sociales que se han quedado sin contrato de compraventa por impagos. Estas personas, que continúan ocupando el inmueble al no haberse ejecutado el lanzamiento que inició el anterior Gobierno, se encuentran en muchos casos en situación de vulnerabilidad social y cumplirían los requisitos para ser adjudicatarios de viviendas de promoción pública. Ante esto, desde la Conselleria de Vivienda se ha decidido normalizar la situación de estas familias para que se queden en el piso social, pero a través de un alquiler.
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