El fin del periodo legislativo del Parlamento Europeo ha evitado que salga adelante la propuesta de la Comisión Europea de examinar antes de su aprobación las decisiones de ayuntamientos, comunidades autónomas y gobiernos en materias tan variadas como las guarderías, el agua, las basuras o la planificación urbanística. Ayuntamientos y movimientos ciudadanos que se oponían a esta capacidad de veto previo han celebrado como un triunfo que esta propuesta haya decaído y confían en que el nuevo Parlamento Europeo que salga de las urnas rechace este visto bueno previo en materias sensibles. Un ejemplo del alcance de esta medida es la regulación de las viviendas turísticas que no podría hacerse sin recibir previamente el visto bueno de la UE tras comprobar que no suponen un obstáculo al libre mercado.
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