Endesa, que ahora ha recurrido el protocolo, firmó con el Ayuntamiento de Barcelona un convenio para coordinar el pago de ayudas municipales por deudas generadas con motivo de los impagados en el suministro de electricidad y gas.
El Juzgado Contencioso nº 2 de Barcelona ha estimado el recurso interpuesto por una empresa suministradora de electricidad y acuerda anular el protocolo de pobreza energètica aprobado en 2015 por la Agencia Catalana de Consumo, la Asociación Catalana de Municipios y la Federación de Municipios. La Revista de la Vivienda Protegida ofrece la sentencia completa.
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