“La gestión de la crisis económica del periodo 2008 – 2013 ha demostrado una vez más que la vivienda en España se considera un activo inmobiliario con el que invertir o especular, pero no como un satisfactor de necesidades y un Derecho Humano“. Así de rotundos se manifiestan los autores de un informe encargado por Foessa, la fundación de Cáritas, sobre el sistema público de vivienda en el Estado español. Los expertos se muestran, además, críticos con las restricciones impuestas por el Constitucional a las políticas más avanzadas, impulsadas desde algunas autonomías.
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