La Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Extremadura ha acordado iniciar negociaciones para resolver las discrepancias respecto a varios artículos de la Ley 11/2019, de 11 de abril, de promoción y acceso a la vivienda de Extremadura aprobada por el Parlamento extremeño. Los desacuerdos afectan, principalmente, a la exigencia de colaboración a particulares y empresas, con especial mención a las de suministros de servicios, para detectar viviendas vacías o usos indebidos de VPO, así como a la figura de los agentes inmobiliarios y la obligatoriedad de estar inscritos en un registro.
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