El Superior de Andalucía revocó un auto de desahucio, instado por AVRA, la agencia de la vivienda de la Junta, contra una familia que ocupó ilegalmente una VPO y accedió a la ocupación mientras durara el estado de alarma por el Covid. Los ocupantes recurrieron pidiendo que la suspensión del lanzamiento fuera permanente. Ahora el Supremo sentencia que la ocupación ilegal “impide que la Administración la pueda otorgar a quien justifique una mayor necesidad tras la debida comprobación de las circunstancias de las personas solicitantes, que no necesariamente han de ser los recurrentes” y rechaza el recurso.
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