El Tribunal Supremo ha confirmado el requerimiento por parte del Ministerio en 2017 a la Junta de Extremadura de devolución de 20 millones de euros no justificados correspondientes al Plan Estatal de Vivienda de 2009-2012. La Junta sostenía que había prescrito la acción de la Administración del Estado para reclamarle la cantidad no justificada aludida, lo que rechaza la Sala III. Recogemos los fundamentos de la sentencia.
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