La Generalitat Valenciana ha optado por adquirir un edificio entero de viviendas por más de 18 millones de euros para incorporarlo al parque público de vivienda y evitar que los inquilinos queden fuera al vencer los arrendamientos protegidos de un inmueble propiedad de un fondo. Es la primera vez que un gobierno del PP opta por esta vía y alega la emergencia habitacional para adquirir una edificación privada, una acción que viene criticando por parte de otras administraciones. En 2020 el PP presentó un recurso ante el Constitucional contra el decreto-ley para la ampliación de vivienda pública en la Comunidad Valenciana mediante los derechos de tanteo y retracto.
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