El Gobierno llevará al próximo Consejo de Ministros una nueva prórroga del escudo social

La ministra de Justicia, Pilar Llop; la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez; y la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha anunciado este martes que el Gobierno tratará en el Consejo de Ministros de la próxima semana la prórroga del escudo social en materia de vivienda, que expiraba el 31 de octubre.

«Dentro de las intenciones de este Gobierno, se encuentra proceder a la prórroga de ese escudo social, o de esas medidas, en el próximo Consejo de Ministros», ha confirmado Sánchez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes.

El Ejecutivo aprobó el pasado 3 de agosto la ampliación del escudo social en materia de vivienda hasta el 31 de octubre. Esas medidas incluían la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional para las familias vulnerables, la moratoria en el pago de alquileres y la prohibición de los cortes la luz, el agua y el gas.

También figuraban las medidas sobre grandes propietarios, de forma que cuando el inquilino se encuentre en situación de vulnerabilidad y el arrendador sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor –persona física con más de diez viviendas–, podrá solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta.

Igualmente, el escudo social contempla la consideración como esenciales de los servicios de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, incluyendo los servicios de información 24 horas, los servicios de acogida y el sistema de seguimiento del cumplimiento de medidas cautelares.

En el próximo Consejo de Ministros también está previsto que el Gobierno apruebe el proyecto de la Ley de Vivienda, del que ya se conocen algunos puntos como la definición de grandes propietarios a los dueños de 10 o más viviendas, la reserva del 30% de las promociones para Viviendas de Protección Oficial (VPO), un recargo de hasta el 150% en el IBI para viviendas vacías o la limitación de los precios del alquiler en las zonas tensionadas.

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