La orden del ministro de Transportes que modifica programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 para hacer frente al Covid-19 permite a las comunidades autónomas que no tengan recursos suficientes en su parque público a que recurran a viviendas particulares para dar una respuesta habitacional a personas especialmente vulnerables (víctimas de violencia de género, de desahucio, personas sin hogar…). Algunos han aprovechado para asegurar que la medida supone admitir la expropiación de viviendas privadas, lo que ha rechazado expresamente el Ministerio que recuerda el texto de la orden en el que se señala que podrán ocuparse en régimen de alquiler, de cesión de uso, o en cualquier régimen de ocupación temporal admitido en derecho.
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