El pasado miércoles la viceconsejera de Vivienda del Gobierno Vasco, Covadonga Solaguren, en un receso de la jornada sobre la Ley Vasca de Vivienda celebrada en Bilbao, expresaba a La Revista de la Vivienda Protegida su malestar por el hecho de que el gobierno en funciones hubiera recurrido al Constitucional el canon a las viviendas vacías de la ley vasca. “Hay una clara desigualdad de trato cuando hay otra comunidad autónoma -en referencia a Cataluña- que tiene en vigor el mismo impuesto y no ha habido recurso”. Dos días después de esas manifestaciones Solaguren ya no puede alegar desigualdad de trato. El consejo de ministros solicitó el viernes al presidente del gobierno que interponga recurso contra los principales artículos de la ley catalana. El consejo de ministros solicita también la suspensión, pero la realidad es que Cataluña ya ha recaudado en el plazo voluntario de pago 11,3 millones de euros por este concepto cobrados a los grandes tenedores de vivienda, en su mayoría entidades financieras y sus sociedades inmobiliarias que no han puesto a disposición sus viviendas.
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