La consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, que dirige Sebastián Franquis (PSOE), ultima un decreto que permitirá a más de 7.400 familias canarias adjudicatarias de una vivienda de protección oficial acceder a la propiedad de esa vivienda que ahora mismo es de titularidad pública. Este decreto afectará a todas las viviendas calificadas como de protección oficial antes de 1996. Se trata de una decisión que va en la dirección contraria de otros ejecutivos, también socialistas, que están extendiendo a perpetuidad la calificación de vivienda protegida, al objeto de no desnudar el parque público de vivienda.
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