El empecinamiento de los responsables de una empresa municipal de vivienda que pelearon para evitar tener que pagar el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados en las escrituras públicas de préstamos con garantía hipotecaria, tal y como exigía la Comunidad de Madrid, que alegaba que parte de las viviendas adquiridas superaban el tamaño de la normativa de VPO y, por tanto, no estaban exentas, ha sido el responsable de la histórica sentencia del Supremo que, contradiciendo su jurisprudencia anterior, ha dictado ahora que, en todos los casos, deben ser los bancos quienes abonen el impuesto. La empresa municipal se ha ahorrado así 2,5 millones de euros y, en principio, entre 1,5 millones de españoles 3.631 millones. Pero, el Supremo ha decidido, en una actuación sin precedentes, que, dada la importancia de la sentencia, sea el pleno del Tribunal Supremo quien decida a qué carta se queda y si son los prestamistas o los prestatarios quienes se deben hacer cargo del pago del impuesto. Ofrecemos la sentencia completa.
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