El Defensor del Pueblo ha señalado en su informe anual correspondiente a 2018 y que acaba de entregar a la presidenta del Congreso que en España “no ha habido política de vivienda”. Fernández Marugán ha pedido a las instituciones una oferta pública de alquiler social y ha exigido que se creen procedimientos de adjudicación específicos para los afectados por la venta de vivienda pública a promotoras privadas.
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