La consejera de Justicia de la Generalitat, Ester Capella (ERC), recurrió a modificar el Código Civil catalán para poder limitar el precio de los alquileres. El Parlament le tiró por tierra el decreto-ley regulador.
Ha sido rozando el palo, pero ha entrado. Por siete votos contra cinco el Constitucional avala el Código Civil Catalán (CCC) para regular los contratos de compraventa. Pero la sentencia del Constitucional echa por tierra la posibilidad de que esa norma preconstitucional que es el CCC pueda crear una vía extrajudicial para resolver conflictos entre las partes porque eso sí que es competencia estatal. Hay que recordar que la Generalitat elaboró un decreto ley en mayo de este año, que fue luego rechazado por el Parlament, que planteaba la limitación de las rentas. Y para ello proponía modificar precisamente el Código Civil Catalán, como vía alternativa a la Ley de Arrendamientos Urbanos. La sentencia ahora del Constitucional muestra que la vía de modificación del CCC tiene recorrido. Ahora bien, ¿tanto como para poder permitir que Cataluña limite las rentas? El Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña cree que no es competente, aunque el Constitucional, dada la división que ha demostrado la sentencia actual, podría dar la sorpresa si la Generalitat, ésta o una nueva salida de las urnas, y ahora ocupada en otros menesteres, decide volver a retomar el límite de rentas y el tema llega a sus manos. Aunque, seguramente, si el acuerdo de gobierno de coalición entre PSOE y Podemos fructifica y se elabora una ley estatal que permita estopar los precios el pervisible recurso del PP y Vox obligue antes a posicionarse al Constitucional sobre el fondo de este asunto.
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