El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el conflicto positivo
de competencias presentado por el Gobierno de Cataluña contra varios preceptos del Real Decreto 56/2016, de 12 de enero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre eficiencia energética, en lo referente a las auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía. Ofrecemos el texto de la providencia.
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