El Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), el órgano encargado de controlar que las leyes catalanas se ajusten a la Constitución y el Estatuto, considera que el decreto ley de vivienda de Cataluña vulnera los derechos de los propietarios al avalar la ocupación ilegal. Los juristas catalanes, por unanimidad, son expeditivos a la hora de calificar el decreto-ley: “La supresión como causa justificada de la desocupación permanente de una vivienda, en el caso de que el propietario haya sido desposeído ilegítimamente de ella y esté en fase de reclamación judicial, constituye una modificación que carece de toda racionalidad y que, incluso, es arbitraria por no tener ningún sentido, en cuanto a su contenido y su potencial resultado aplicativo”.
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