“Las leyes autonómicas han regulado esa materia en sus diversas vertientes valiéndose, sin alterarlas, de las figuras del Derecho Civil y Procesal, delimitando la función social de la propiedad sobre la vivienda y previendo supuestos sujetos a expropiación forzosa” así reza parte del nuevo informe sobre el Anteproyecto de la Ley de Derecho a la Vivienda que han redactado dos ponentes del Consejo General del Poder Judicial y que cuestiona seriamente la capacidad del Estado de legislar en una materia que es competencia de las autonomías.
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