Los inspectores del Ayuntamiento de Barcelona, que tiene cedida por la Generalitat la facultad de control, han detectado en el último año y medio 358 VPO, de un parque de 16.000, que no están ocupadas por sus adjudicatarios. La inspección y el control han permitido recuperar diecisiete de estas viviendas para el alquiler asequible. Se han abierto expedientes sancionadores, pero en muchos casos la multa, que la ley fija entre 90.000 y 900.000 euros, se ha suavizado, a cambio de ofrecerlas a la bolsa de alquiler.
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