El 90% de los españoles considera que el gobierno del Estado debe de proteger de manera activa el derecho a una vivienda digna. Y el 41,8% de quienes así opinan creen que debe de hacerlo mediante políticas que limiten los precios del alquiler, aunque son más quienes optan por otras fórmulas como la construcción de más vivienda social para quienes no tienen recursos, fomentando viviendas asequibles para la clase media u otorgando préstamos baratos a la compra. Un 31,4% de los partidarios de políticas activas por parte del ejecutivo central cree, incluso, que la solución sería socializar el suelo para que no encarezca el precio de la vivienda. La Revista de la Vivienda Protegida recoge con detalle la última encuesta que pregunta a los españoles por temas relacionados con la tenencia y las políticas públicas de vivienda y que permite a Sánchez conocer la reacción ante posibles medidas drásticas en esta materia que Pablo Iglesias ha puesto sobre la mesa en las negociaciones para favorecer su investidura.
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