Lo que no fue posible hace un par de años es más realizable ahora con unos mercados financieros con rentabilidades negativas que buscan como alma en pena nuevos nichos de negocio que les permitan sacar jugo a su capital. Y el operador mixto público-privado, impulsado al alimón por el Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana, se acerca más a su objetivo de lograr un partner que colabore en pie de igualdad con la administración en la promoción de 4.500 nuevas viviendas en alquiler protegido. Cuatro agrupaciones empresariales han pasado el primer filtro para entrar en una fórmula novedosa en España, pero con larga tradición en muchos países europeos. Ahora tienen un plazo de dos meses para poner las cartas boca arriba y concretar su aportación al capital, los plazos y lo que cobrarán por gestionar el desarrollo de las obras y también los alquileres. La Revista de la Vivienda Protegida revela los entresijos de esta operación que otras administraciones siguen con atención para comprobar la efectividad de la fórmula.
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