En su informe final, aprobado por 23 votos a favor, 6 en contra y 4 abstenciones, la Comisión Especial del Parlamento sobre la Crisis de la Vivienda ha dictaminado que los alquileres a corto plazo no deben amenazar la asequibilidad de las ciudades, que debe de haber sistemas fiscales basados en incentivos para apoyar a los hogares con ingresos bajos y medios y que es necesario limitar la tramitación de los permisos de planificación a 60 días.
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