El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Presidente del Gobierno contra la Ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña 4/2016, de 23 de diciembre, de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial. Como era de esperar, dado el clima entre ambos gobiernos, las
negociaciones para resolver las discrepancias competenciales en relación con varios artículos y disposiciones de la
Ley, presididas por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría ,y Raúl Romeva, consejero de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalidad de Cataluña, no han fructificado. La ley, por tanto, queda ahora en suspenso.
Se da la paradoja de que será el ministro de Fomento, quien tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución ha asumido las funciones de la Generalitat en materia de vivienda, quien tiene la responsabilidad de presentar o no alegaciones.
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