La Generalitat de Cataluña ha valorado de forma muy negativa la decisión del Constitucional de mantener la suspensión de varios artículos de la Ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética y que contemplaba, entre otros aspectos, la obligatoriedad de que los grandes tenedores cedan viviendas vacías para alquiler social o la mediación en casos de sobreendeudamiento.
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