

El decreto-ley que aprobó ayer el gobierno por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 individualiza el importe del superávit que pueden destinar los ayuntamientos y otras entidades locales a gasto social y amplía las funciones de los presidentes de las corporaciones locales que podrán aprobar por decreto modificaciones presupuestarias.
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