Cataluña, bajo el paraguas de La Ley estatal de Vivienda, volverá a limitar el precio del alquiler en las zonas tensionadas a partir de este febrero, después de que una sentencia del Constitucional tumbara en 2022 su propia normativa que sólo puso estar en vigor un año y medio. Cataluña se adelanta así a Euskadi, cuyo ejecutivo ha elaborado ya un mapa de las posibles zonas tensionadas para las que los ayuntamientos podrán solicitar la medida. San Sebastián ya ha pedido que la declaración se extiende a todos los barrios y no sólo a algunos como proponía el Gobierno Vasco.
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