Personal de la Unidad de Disciplina de Vivienda del Instituto Municipal de la Vivienda durante su ronda de inspección.
La picaresca tiene un precio. Concretamente 196.000 euros que es lo que deberá abonar el adjudicatario de una VPO en propiedad que no la ocupaba y la tenía arrendada. Se trata del primer expediente sancionador resuelto por el Ayuntamiento de Barcelona. Hay otros 13 en fase de instrucción tras la primera fase de inspecciones que ha afectado a 1.500 de las 16.000 VPO que hay en la Ciudad Condal. La idea es llegar a inspeccionar todo el parque.
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