El decreto de la Generalitat permite establecer precios distintos para la VPO en función del barrio en que se ubique, lo que el Ayuntamiento considera un ataque a la mixtura social.
El gobierno del Ayuntamiento de Barcelona ha pedido a la Generalitat la retirada del decreto de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda. Para el ejecutivo de Colau el nuevo decreto de vivienda “supone un cambio que significa el fin del modelo de vivienda protegida tal como se ha conocido hasta ahora”, al incluir, entre otras medidas, que el precio de la VPO dependa de su ubicación y atacar, dice, la potencialidad del cambio del PGOU que obliga a la reserva del 30% de los nuevos desarrollos a vivienda asequible.
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