Foto: La Revista de la Vivienda Protegida.
La asociación de consumidores ADICAE, tras reunirse con distintos grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, apoya la Proposición No de Ley registrada por el grupo de Esquerra Republicana de Catalunya como base para empezar a negociar y concretar un acuerdo entre todos los partidos para articular un mecanismo de devolución del dinero cobrado por las cláusulas suelo a los consumidores.
Las líneas generales del texto de ERC coinciden con la postura que viene defendiendo ADICAE. Como siempre ha planteado la asociación para resolver los fraudes masivos de los consumidores, ADICAE aboga en este caso por una solución colectiva extrajudicial, que permita a todos los ciudadanos afectados recuperar su dinero de manera universal, eficaz y rápida, evitando la judicialización masiva del caso así como el atasco del sistema judicial.
La proposición no de ley, que firma la diputada Ester Capella, pide para el establecimiento del procedimiento que se articule un mecanismo “rápido, universal, colectivo y eficaz”, que garantice la protección de los consumidores, evitando que la carga del proceso recaiga en los clientes afectados.
En su iniciativa, ERC pide al Gobierno que inste al Banco de España a definir los mecanismos obligatorios para que los bancos implicados hagan efectivo el cumplimiento de la sentencia e informen de forma preceptiva a cada uno de los clientes afectados de los derechos que les corresponden.
En caso de que no se haga efectivo el retorno inmediato de los intereses a devolver, ERC pide que se impulsen mecanismos de mediación efectivos entre los clientes afectados y los bancos implicados en el proceso.
Sanciones a los que incumplan
De igual forma, ERC urge al Gobierno a articular mecanismos para que las asociaciones de consumidores y usuarios supervisen que el proceso de retorno se desarrolla de manera “efectiva e inmediata”.
Por último, pide al Gobierno que inste al Banco de España a establecer el mecanismo para supervisar y, en su caso, sancionar, a aquellas entidades que incumplan la aplicación de la sentencia del TJUE
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