El pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el conflicto positivo de competencia promovido por Las Generalitat de Cataluña contra una resolución de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad de mayo de 2016 por la que se convocaron subvenciones estatales destinadas a la realización de programas de interés general y concretamente de ayudas a personas de colectivos desfavorecidos o en rirsgo de exclusión. con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. La Generalitat reclama al Estado que ese importe lo transfiera ya que la competencia en ese ámbito es autonómica.
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