South facade of the Spanish Supreme Court's seat, in Centro district in Madrid. Building from 1758.
El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de un grupo de afectados por la supresión de las subvenciones a la compra de vivienda protegida resultado de la aplicación de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 4/2003, de 6 de junio de Medidas de flexibilización y fomento
del mercado de alquiler de viviendas. El Tribunal impone a los demandantes las costas, aunque las limita a 2.000 euros. La Revista de la Vivienda Protegida ofrece la sentencia completa.
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