Los ayuntamientos vascos no aplican el canon que penaliza a las viviendas vacías y que venía recogido en la Ley de Vivienda aprobada en 2015. Alegan para ello la complejidad que supone probar que las viviendas se encuentran deshabitadas. Los consistorios vascos, sin embargo, sí que aplican los recargos en el recibo del IBI.
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