La consejera de Justicia, Ester Capella, en una comparencia ante el Parlament.
El departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña quiere ir un paso por delante del gobierno Sánchez a la hora de incidir en los precios del alquiler. Para ello prevé llevar al Parlament antes de fin de año un proyecto de ley que permita regular esos precios, respondiendo así a la petición, entre otros, del Ayuntamiento de Barcelona que viene reclamando medidas legales para evitar las subidas disparadas de los arrendamientos. La fórmula elegida sería una modificación del código civil catalán que permitiera soslayar la competencia del Estado en la regulación de la LAU.
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