El Consejo de Gobierno ha aprobado una inversión de 10 millones de euros para ampliar la oferta de vivienda pública en los 142 municipios de menos de 20.000 habitantes. Esta iniciativa tiene como objetivo favorecer la construcción de inmuebles en régimen de alquiler social o a precios asequibles durante un periodo mínimo de 30 años en zonas rurales.
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