El borrador de la Ley de promoción y acceso a la vivienda de Extremadura, actualmente en fase de exposición pública, y al que ha tenido acceso La Revista de la Vivienda Protegida, establece para los adjudicatarios de viviendas protegidas que no las destinen a domicilio habitual y permanente sanciones de entre 4.000 y 40.000 euros, una multa muy alejada del castigo que establecen otras once comunidades en las que quienes utilizan fraudulentamente una VPO se arriesgan al desahucio administrativo en caso de ser inquilinos o a la expropiación en caso de ser propietarios. La Revista de la Vivienda Protegida analiza en profundidad cómo gestiona cada autonomía estas situaciones y sus regímenes sancionadores tanto en la legislación consolidada como en los tres anteproyectos de ley autonómicos que actualmente están en marcha.
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