El decreto-ley que aprobará la Diputación Permanente del Congreso, tras su rechazo en sesión plenaria, contempla un plazo de seis meses para definir cómo se certificará la categoría de proveedores sociales de vivienda asequible. La medida fue propuesta en febrero de este año a la ministra por la Alianza por la Vivienda Asequible y Social (ALIVAS). También se crea el registro de IICC Elegibles.
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