El Gobierno Vasco prevé reservar el 30% de viviendas públicas a rentas medias con ingresos entre 20.000 y 46.000 euros facilitando así el acceso a las clases medias que tienen dificultades para optar a una vivienda en el mercado libre. También ponderará más a la hora de adjudicar la antigüedad en el registro de demandantes.
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